EL Hospital La Paz analiza los riesgos judiciales de la cirugía satisfactiva o estética


23-06-2017
La cirugía satisfactiva, voluntarista, o estética, protagonizó algunos de los litigios que analizó el último foro sobre Sanidad y Derecho, celebrado en el Hospital Universitario La Paz. Junto a los riesgos de esta parte de la actividad quirúrgica, también se analizaron otros casos de embolia pulmonar, linfoepitelioma de cavum (nasofaringe), gangrena gaseosa y cirugía de recuperación tras parálisis devenida por estallido vertebral a nivel cervical.
 

El pasado 22 de junio la sala Profesor Jaso del Hospital Materno-Infantil del Hospital Universitario La Paz (HULP) reunió a cuatro expertos, dos juristas y dos médicos especialistas, uno de ellos traumatólogo y el otro cirujano plástico. Tras cinco años de conferencias celebradas bajo la categoría de Sanidad y Derecho, la coordinadora del curso, enfermera y licenciada en derecho, Asunción González de la Viuda, introdujo cuatro casos resuelto por los tribunales de diferentes partes del país, con objeto de someterlos al criterio de los cuatro expertos señalados. Como nexo común de los casos comentados, la coordinadora habló de intervenciones con resultados distintos a los esperados, tardanza en la asistencia y los errores de diagnóstico o tratamiento.

Pie de foto: De Izda a Dcha,  Eduardo Asensi Pallarés (abogado), Eduardo de Porres Ortíz de Urbina (magstrado), el Dr Enrique Gil Garay (traumatólogo) y el Dr Francisco Leyva Rodríguez (cirujano plástico)

Desde su amplia experiencia, el cirujano Francisco Leyva Rodríguez, jefe del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Clínico San Carlos, valoró el caso juzgado en la sala de lo Civil del Tribunal Supremo por denuncia de una paciente llamada Verónica contra una clínica por su operación de reducción de gigantomastia, con también eliminación de abundante material del abdomen.

Dado que el resultado fue radicalmente insatisfactorio para la paciente, la citada sala condenó a la compañía de seguros de la doctora responsable a pagar en primera instancia una indemnización de 196.000 euros por daño moral, menoscabo y los coste de todos los tratamientos y operaciones posteriores de la primera intervención.

Pie de foto: Dr Francisco Leyva Rodríguez (Hospital Clínico San Carlos)

En un otro caso expuesto durante el foro, una sala de lo civil falló en 2016 a favor del paciente Norberto, como destinatario de una indemnización de 759.000 euros al ver muy dificultada su vida y deglución por la pérdida de 5 implantes que se le realizaron como recuperación estética tras haber sido intervenido el paciente, una década antes, por un linfoepitelioma de cavum (nasofaringe), que supuso la eliminación de una parte importante de cara y cuello. Por parte de Norberto se alegó osteoradionecrosis, sin tener en cuenta que era fumador contumaz y eso afectaba a su evolución posterior a la operación. La clínica denunciada interpuso recurso de casación, después del cual se revocó la sentencia inicial por considerar que el fracaso de los implantes se debió a la vasculopatía inicial del paciente, mantenida y agravada en el tiempo.

Los dos primeros casos analizados sirvieron al doctor Leyva Rodríguez para explicar que uno de los problemas de la medicina satisfactiva, o estética, es que el paciente espera un resultado prodigioso o que, al menos, los médicos raramente pueden ofrecer. De igual forma, aprovechó la ocasión para relativizar el concepto de negligencia. Según su opinión, antes era muy clara, ya que de darse ocurría en el quirófano. Por el contrario, en la actualidad, consideró que son múltiples los factores extra quirúrgicos que pueden afectar al resultado de una operación. De igual forma, también consideró el cirujano plástico que la Administración tiene cierta responsabilidad cuando facilita a los facultativos consentimientos informados tipo, con sólo dos caras de folio, a sabiendas de que estos documentos deben ser personalizados e incluir todos los riesgos que comporta una operación, especialmente si es de estética.

Pie de foto: Dr Enrique Gil Garay (Hospital Universitario La Paz)

En asuntos legales, el doctor Enrique Gil Garay, jefe de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital La Paz consideró que los peritos que explican los casos médicos a los jueces deberían tener siempre el mayor grado posible de las cuestiones médicas a tratar, con el mismo grado de exigencia que se exige a los especialistas clínicos. Como ejemplo de ello, relató el caso de una paciente que falleció por embolia pulmonar durante un turno de urgencias al que él no pudo asistir por estar de baja. Pese a ello, fue citado por el juez que entendía del caso, en calidad de imputado, y una vez en su presencia, "exprimido" informativamente por el tribunal sobre la patología en cuestión, para cotejar después su versión con los correspondientes peritos forenses.

En cuanto a los casos comentados por Gil Garay, éste se centró en la flexión con comprensión y estallido de la vértebra 5 cervical de un joven actor que salto en una cala poco profunda. La traumática destrucción de la vértebra acabó con la estabilidad del paciente, con disgregación de fragmentos óseos en el cuello. Requirió inmediata inmovilización mediante artrodesis posterior para manejo del paciente, de cara a evitar eventos irritativos por fibras nerviosas sueltas. Tras la resección de la vértebra afectada y la artrodesis, se estabilizó al paciente mediante contrapesos y se le colocó un corsé. Ya en una unidad de lesionados medulares, su médico le practicó una técnica novedosa, conocida como del rectángulo de Hartschill, la cual en lugar de liberar al paciente del halo de tracción que mantenía estable su eje cabeza-cuello-espalda, le condenó a una parálisis total. Dado que antes de la intervención, el paciente aún conservaba alguna funcionalidad de sus hemi extremidades superiores distales, la familia denunció al cirujano y obtuvo una indemnización de 60.000 euros.

Por el contrario, la indemnización fue mucho mayor en el caso de una paciente de Cantabria a la que se le produjo una gangrena gaseosa en una mano, tras un fuerte traumatismo y una herida que pasó prácticamente inadvertida. En ese caso la cantidad a percibir por la paciente fue de 120.000 euros, ya que tuvo muchas complicaciones, dolores y sucesivas operaciones, funcionales y estéticas.

Ante estos dos casos, y los dos anteriores, Gil Garay estimó que los médicos siempre intentan no ser imprudentes. En cuanto a cuando son acusados de impericia, razonó que esa es una cualidad dual. Si bien es cierto que los clínicos actúan cada vez mejor por contar con un mayor número de protocolos y guías, también es cierto que tienen más dificultades para gestionar con rapidez toda esa información y se pueden ver expuestos a la opinión contrario de otros médicos que hayan tenido acceso a otras fuentes orientativas y documentales. Por otro lado, y en materia de negligencia, Gil Garay consideró que es una falta de cuidado o atención, que raramente se puede atribuir a un solo médico, ya que en estos tiempos los equipos sanitarios cada vez son más numerosos.

Pie de foto: Enfermera Asunción González de la Viuda (Hospital Universitario La Paz)

Complementariamente a todo lo dicho, el doctor Leyva Rodríguez señaló el grave problema del intrusismo en los tratamientos estéticos. Una cuestión que la Administración no persigue con todo el peso de la ley, tal como afirmó el cirujano estético. Por su parte, el doctor Gil Garay también advirtió que manipular las historias clínicas de los pacientes es un claro delito de falsedad, aunque exculpó a los médicos que no siempre cumplimentan bien los consentimientos informados porque muchas veces la carga asistencial no deja tiempo suficiente.

Acompañaron a los doctores citados el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, el magistrado Eduardo de Porres Ortíz y Urbina y el abogado especializado en causas sanitarias, Eduardo Asensi Pallarés. Entre ambos recordaron la imperiosa necesidad de que se realicen consentimientos informados detallados y personalizados, sin esconder ningún riesgo y con clara comprensión por parte del paciente. De igual forma, coincidieron en la importancia de contar con peritos expertos en cada materia sanitaria a juzgar y que, en intervenciones de estética siempre los facultativos, hospitales y clínicas siempre deben contar con que hay pacientes que tendrán grandes dificultades para aceptar cualquier resultado, por bueno que sea, y que los cirujanos nunca deben prometer la luna.