El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha los trámites legislativos para el Real Decreto de Precios de Productos Sanitarios. Se trata del Proyecto de RD por el que se regula el procedimiento de financiación y las condiciones de dispensación por el SNS de los productos sanitarios para pacientes no ...
El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha los trámites legislativos para el Real Decreto de Precios de Productos Sanitarios. Se trata del Proyecto de RD por el que se regula el procedimiento de financiación y las condiciones de dispensación por el SNS de los productos sanitarios para pacientes no hospitalizados, y se determinan los márgenes correspondientes a su distribución y dispensación. Los afectados o interesados pueden hacer sus aportaciones hasta el 25 de noviembre, y según recoge el Ministerio, los objetivos son posibilitar la fijación del precio de venta al público de estos productos sanitarios financiados, mediante la agregación del precio industrial autorizado, que tiene carácter de máximo, y de los márgenes correspondientes a las actividades de distribución mayorista y dispensación al público.
Además, pretende actualizar el contenido de la prestación farmacéutica mediante la inclusión de nuevos productos sanitarios y la exclusión de los no comercializados.
Por otro lado, pretende resolver distintos problemas con la nueva norma:
Sanidad apunta a que el actual marco regulador de los productos sanitarios adolece de una serie de deficiencias y lagunas que dificultan el pronto acceso al mercado de productos sanitarios en condiciones de seguridad, calidad, eficacia y rentabilidad, en beneficio no solo de los pacientes sino de todos los participantes en el mismo.
A tal fin, el vigente Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio arbitra un nuevo régimen jurídico de los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados. La puesta en práctica de estas nuevas directrices precisa, no obstante, de un desarrollo normativo ulterior en el que se articulen cada uno de los distintos mecanismos necesarios para la consecución de los objetivos propuestos.
Entre estos mecanismos destaca el relativo a la "financiación pública de algunos de los productos sanitarios, cuya regulación vigente precisa de una urgente adaptación que no admite demora, y sin la cual no podría alcanzarse aquellos objetivos".