Con la Ley General de Sanidad se decretó el cierre de los manicomios o frenopáticos. Su aprobación tuvo lugar el 25 de abril de 1986, emprendiendo entre otros procesos sanitarios la reforma psiquiátrica que ya había empezado tres años atrás. A partir de ese momento, las personas institucionalizadas pasaron a ser  sujetos de derecho, merecedoras de recibir una atención acorde con su dignidad personal. Sin embargo, 30 años después y coincidiendo con la efeméride, la confederación de asociaciones denominada Salud Mental España ha vuelto a destacar este lunes, 25 de abril, la falta de impulso político que recibe este tipo de problemática dentro del SNS. Según los responsables de la entidad, siguen faltando recursos y dispositivos destinados a la Atención y la Prevención de los problemas de Salud Mental.

Un panorama donde se ha unido a las tradicionales carencias de los medios humanos y materiales la desigualdad constatada entre buena parte de los distintos territorios del Estado. En palabras del presidente de la confederación, Nel A. González Zapico, la reforma de los 80 y 90 del siglo pasado sirvió para desmantelar un sistema anacrónico, organizado entorno a la institución del hospital psiquiátrico. Entonces se logró una razonable equiparación jurídica entre las personas con trastorno mental y el resto de los ciudadanos con cualquier otro tipo de problema de salud. Limitándose igualmente desde ese momento el número de hospitalizaciones, que quedaron reducidas a las estrictamente necesarias.

La parte de la Ley General de Sanidad dedicada a Salud Mental, recogida en el capítulo 3 de la norma, estableció en el artículo 20 que los recursos asistenciales deben destinarse al nivel ambulatorio, los sistemas de hospitalización parcial y de atención a domicilio, reduciendo, como se ha dicho la hospitalización indefinida al máximo. Con este enfoque comunitario de la atención psiquiátrica, los casos de institucionalización inevitable quedaría reservada a las unidades psiquiátricas de los hospitales generales.

Con este objetivo, se identificaron los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales. Prestando una especial atención a problemas especiales de la Psiquiatría Infantil y la Psicogeriatría. Del mismo modo, se instó a que los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del futuro SNS cubrieran la necesaria coordinación con los Servicios Sociales, los aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que acompañan a la pérdida de salud en general.

En opinión del responsable de Salud Mental España, el loable planteamiento que prometía la adecuada reinserción, la atención integral y la intervención con la persona afectada desde el ámbito comunitario, se ha quedado lamentablemente a medio camino. Falta por ello, aumentar los recursos destinados a la Atención y Prevención, incrementar el número de profesionales dedicados a la Salud Mental y concienciar a los médicos de Atención Primaria, entre otras necesidades de carácter urgente. Según añade González Zapico en este día de conmemoración agridulce, ahora resulta más necesario que nunca mejorar la atención en situaciones de crisis, garantizar que se produzca una adecuada coordinación socio-sanitaria de cara a mejorar las intervenciones en Salud Mental, estimulando la participación de las personas con patología mental y sus familias en todo el proceso de recuperación.

Como destacaba recientemente en unas jornadas sobre Patología Dual en Madrid el presidente de la AESP (Asociación Española de Patología Dual), doctor Miguel Casas, la Salud Mental es un asunto público que suelen rehuir los responsables políticos porque se trata de patologías sobre las que pesa un considerable estigma y porque cualquier recurso que se dedique a su intervención siempre será muy caro para las cuentas públicas, dado que las patologías mentales tienen una gran prevalencia en la población. Unido a eso, los doctores Miquel Roca y Enric Álvarez, psiquiatras actualmente en ejercicio, también destacaban en la presentación de un nuevo fármaco para la Depresión que los colectivos de pacientes y familiares con patología mental no tienen tanta fuerza reivindicativa, quizás debido a sus propias circunstancias, que otros movimientos como, por ejemplo, el de pacientes afectados por la Hepatitis C.

En sentido contrario se situaría Salud Mental España, entidad para la que se han logrado muchos objetivos mediante el movimiento asociativo en Salud Mental. De ahí que sigan dirigiendo hacia las administraciones públicas contundentes reivindicaciones que puedan cristalizar en un mayor compromiso público. Extremo que no parece haber sido escuchado por el último pleno del Consejo Interterritoral del SNS, celebrado el pasado 13 de abril y por el que la Estrategia Nacional de Salud Mental ha quedado nuevamente arrinconada.

La entidad que preside González Zapico tiene carácter reconocido de utilidad pública. Surgió en 1983, como la primera estrategia de Salud Mental auspiciada por el Ministerio de Sanidad y Consumo de entonces (1983) y ya integra a 19 federaciones y asociaciones uniprovinciales, con cerca de 300 entidades y 44.000 socios en todo el territorio nacional.

PIE DE FOTO:    Nel A. González Zapico, presidente de la confederación Salud Mental España