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La OMC hará una propuesta concreta al Parlamento y al próximo Gobierno para los afectados por la talidomida

La Organización exige responsabilidades y una partida económica inmediata.

La OMC hará una propuesta concreta al Parlamento y al próximo Gobierno en la que se constate lo que, a su modo de ver, considera que hay que hacer para llegar a prontas soluciones para los afectados por la talidomida. Así lo expresó su presidente, el Dr. Rodríguez Sendín, quien ...

La OMC hará una propuesta concreta al Parlamento y al próximo Gobierno en la  que se constate lo que, a su modo de ver, considera que hay que hacer para llegar a prontas soluciones para los afectados por la talidomida. Así lo expresó su presidente, el Dr. Rodríguez Sendín, quien reclamó una partida económica inmediata, al igual que ha sucedido con los afectados por la Hepatitis C, “que pueda recompensar a las víctimas en aquello que precisen tanto en pensión, aparataje ortoprotésico como en tratamientos que requiera en cada caso”.

El presidente de la OMC fue el encargado de inaugurar la Jornada, celebrada ayer lunes en la sede de la corporación, sobre la “Realidad de los Afectados de la Talidomida en España”, organizada por AVITE (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España) en colaboración con la OMC, en la que se habló de delimitación de responsabilidades, de la  falta de información, de la igualdad de trato con respecto a otros ciudadanos europeos, de justicia y denuncia, de obligaciones éticas, además de compromiso y búsqueda de soluciones, entre otras cuestiones. Para el presidente de la OMC existen unas responsabilidades previas claras del Laboratorio Grünenthal, y posteriores del Estado español “por no haber sabido proteger de los riesgos anunciados, ni haber actuado de oficio”.

Todo ello, como apuntó, ha dado lugar a una “aberrante historia de 50 años de agravios, despropósitos, injusticia, falta de información y también de abandono”. Resulta inadmisible –añadió- que, transcurrido todo este tiempo, “a las víctimas españolas no se les haya dado el reconocimiento preciso por parte del Estado ni se les haya indemnizado por parte de la empresa farmacéutica causante del mal de la misma manera que se ha hecho con el resto de ciudadanos europeos afectados”. El Dr. Rodríguez Sendín se atrevió a calificarlo de “atentado a los derechos humanos”.

Lamentó el abandono que el actual y anteriores Gobiernos “han demostrado con estos pacientes” y pidió a los partidos políticos que asuman el correspondiente compromiso. El presidente de la OMC instó a que la vía de reclamación esté permanentemente abierta y animó, además, a los pacientes a seguir reivindicando sus derechos. En este sentido, destacó la importancia de poder contar con una Asociación como AVITE. “Es fundamental –recalcó- que las asociaciones de pacientes estén activadas y muy organizadas”.

Reiteró el compromiso de la OMC de poner en la agenda pública este problema y de buscar soluciones. Además –añadió-  “la profesión médica debería pensarse si un laboratorio que tiene una Fundación contra el Dolor, que no es más que una estructura de marketing, debe continuar en condiciones normales en nuestro país, y tomar nota de lo que este laboratorio es capaz de hacer con los pacientes españoles”.

El vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea Estella, coincidió con el presidente de la OMC en cuanto a denunciar las responsabilidades incumplidas por parte de Grünenthal, que declinó la invitación a participar en esta Jornada. Pero también se refirió al Instituto de Salud Carlos III, invitado a través del Centro de Investigación de Anomalías Congénitas (CIAC) que, finalmente, no se pudo personar porque, según los argumentos recibidos por parte del CIAC  “ninguna de las personas que constituye dicho centro tiene conocimiento alguno sobre la talidomida y sus efectos”, según expuso Basterrechea quien aseguró, sin embargo, que dicho centro “es el único lugar de referencia para nuestro problema”.

El representante de AVITE argumentó en otro momento de su participación, que  la facturación de la empresa farmacéutica alemana fue en 2015 de 18.500 millones de euros, con un beneficio próximo a los 3. 700 millones de euros. Y es que, según sus cálculos, indemnizar a los cerca de 500 afectados actuales con una pensión le costaría unos 27,8 millones de euros.

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