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Sanidad valenciana rompe la facturación unificada de los farmacéuticos

Según el conseller, se destinará un millón de euros para ayudar a las 218 farmacias rurales que facturen menos de 200.000 euros al año

12/03/2013

El nuevo decreto ley 2/2013 de actuaciones urgentes en prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas de la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana no ha sentado nada bien a los titulares de oficinas de farmacia de la región. Esta normativa viene a romper la unidad de concertación con el único interlocutor ...

 

El nuevo decreto ley 2/2013 de actuaciones urgentes en prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas de la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana no ha sentado nada bien a los titulares de oficinas de farmacia de la región. Esta normativa viene a romper la unidad de concertación con el único interlocutor reconocido hasta ahora que son los colegios profesionales, al abrir la puerta a la posibilidad de sellar acuerdos con entidades, instituciones y personas físicas o jurídicas a las que se pueden adherir los titulares de farmacia.

Asimismo, especifica que todos los titulares podrán concertar las condiciones del Acuerdo Marco con la Agencia Valenciana de Salut y que éstas se renovarán cada año. De todo esto, lo que más ha indignado a los farmacéuticos son las ventas que les robarán los centros de salud con el reparto de apósitos, tiras reactivas para diabéticos y vacunas de procesos alérgicos a los usuarios. La conselleria precisó que las tiras y las vacunas se entregarán gratuitamente a los usuarios, mientras que para los productos farmacéuticos con aportación, el paciente acreditará un número de cuenta para que se le cargue el porcentaje que le corresponda.

Finalmente, la conselleria también informó que productos de dieta, absorbentes y pañales se entregarán a domicilio y sin aportación para las personas con discapacidad que tengan grandes incontinencias. El departamento que dirige Manuel Llombart indicó que se destinará un millón de euros para ayudar a las 218 farmacias rurales que facturen menos de 200.000 euros al año.

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