El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y la suspensión cautelar del Real Decreto de Troncalidad (RD Troncalidad). Este trámite legal llevado a cabo por la SEIMC forma parte de la campaña contra esta norma emprendida por la sociedad médica que, tiene como objetivo principal la lucha contra la pérdida de la calidad asistencial, al reducirse el periodo específico de formación de la especialidad de Microbiología y la no creación de la especialidad de Enfermedades Infecciosas. 

Para José María Miró, presidente de La SEIMC, “el Real Decreto de Troncalidad socava de manera definitiva la formación de los especialistas microbiólogos e infectólogos y nos conduce a un escenario de mediocridad formativa que, irremisiblemente, nos dejará indefensos como país ante próximas crisis sanitarias como la recientemente vivida con el ébola. Por eso, desde SEIMC hemos recurrido al Tribunal Supremo, porque consideramos que cuanto más dejemos avanzar la implantación de esta norma más graves serán los prejuicios para la población española a nivel sanitario y económico”.

Uno de los aspectos fundamentales que se detallan en del recurso presentado por la SEIMC es que el RD de Troncalidad es nulo dado que la memoria de impacto normativo elaborada no cumple con los requisitos legales.

 El coste de implantar el RD Troncalidad se estima en 2.500 millones de euros para los próximos 4 años, según un informe pericial encargado por la SEIMC. Sin embargo, en la memoria del RD Troncalidad, no solo no se ha realizado la valoración adecuada del impacto de los aspectos que se han contemplado, sino que la mayor parte del impacto económico ni siquiera ha sido considerado. Por ello, el RD no alcanza los mínimos normativamente exigidos para su validez. Según ese mismo informe, el coste en lo que a Enfermedades Infecciosas se refiere se estima en casi 50 millones de euros, y en el caso de Microbiología se estima en más de 28 millones de euros en 4 años.

Además la implantación de este RD supone un claro perjuicio para los pacientes, y una inversión económica, organizativa y de recursos completamente estéril y de difícil reversión. Esta situación ha sido además, expresamente puesta de manifiesto y ratificada por el Consejo de Estado en su informe preceptivo del RD antes de su aprobación.