La ley de eutanasia se aprobó en España el pasado 24 de marzo y, desde entonces, ha suscitado muy diversas cuestiones en la comunidad sanitaria de nuestro país. En este marco, el 43 Congreso de SEMERGEN ha sido escenario este viernes de una mesa debate sobre las repercusiones de la ley de eutanasia en la práctica clínica de los médicos de familia en España.

En esta mesa debate han participado el doctor José Francisco Díaz, coordinador del grupo de trabajo de Bioética y Humanidades de SEMERGEN; el director legal de DAC Beachcroft, Igor Pinedo; el profesor titular de Bioética de la Universidad de Zaragoza, Rogelio Altisent; y el coordinador del grupo de trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEN, Manuel José Mejías.

Todos ellos han abogado por aclarar el papel de los profesionales de atención primaria en la toma de decisiones acerca de la eutanasia, un proceso que han calificado de complejo y en el que es preciso tener en cuenta aspectos como los cuidados paliativos.

Una ley con gran apoyo social

El doctor José Francisco Díaz ha sido el encargado de abrir la sesión, haciendo un recorrido histórico de la evolución de las diversas normativas de eutanasia tanto en España como en el resto del mundo. "Los Países Bajos fueron uno de los primeros países en legalizarla, en 2002, y en los últimos años se ha detectado un incremento notable de los casos de eutanasia, lo que parece chocar con el avance de los tratamientos médicos", ha señalado.

Díaz reconoce que el apoyo social a la eutanasia "ha ido aumentando con el paso de los años" en España, citando una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas realizada en enero de 2021, en la que "un 72% de los encuestados" está a favor de la eutanasia. Respecto a la opinión de los médicos colegiados, Díaz ha indicado que la gran mayoría también está a favor de la eutanasia.

Cuestiones legales y objeción de conciencia

Por su parte, el abogado Igor Pinedo ha desgranado las características de la normativa española en materia de eutanasia. Pinedo ha indicado que como requisitos generales la ley habla de nacionalidad española, residencia legal en España, mayoría de edad, ser capaz y consciente en el momento de la solicitud, disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico y alternativas existentes, haber formulado dos solicitudes voluntariamente y por escrito o por otro medio que permita dejar constancia, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante y prestar un consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir.

Respecto a la objeción de conciencia que reclaman algunos profesionales sanitarios, Pinedo ha recordado que la ley de eutanasia recoge este supuesto. "La ley de eutanasia simplifica al máximo todo tipo de trámites" para ejercer la objeción de conciencia, considera Pinedo.

Es fundamental mejorar la formación de los profesionales sanitarios

Por su parte Manuel José Mejías considera que "es fundamental una buena formación" para los médicos de familia, e incluso "un equipo" para decidir si se da luz verde o no a la eutanasia en cada paciente. "La realidad es que al médico de familia le van a pedir que participe en este proceso, y tenemos que estar preparados para ello", advierte.

Mejías ha puesto en valor los cuidados paliativos, indicando que en la mayor parte de los casos de eutanasia "no se quiere vivir así", haciendo referencia al dolor y/o la incapacidad. Mejías, que coordina el grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEN, afirma que muchos de los casos "de querer adelantar la muerte" son causados por una deficiencia en el tratamiento de los síntomas de diversas enfermedades. "Es un deseo entendible, que hay que valorar. Hay que estudiar y valorar por qué la persona quiere adelantar la muerte".

Una ley que "ignora las coacciones internas"

Tras su intervención ha sido el turno del profesor de Bioética de la Universidad de Zaragoza Rogelio Altisent, quien ha desgranado los principales aspectos éticos de la ley de eutanasia. "Esta ley supone un cambio de paradigma social y un desfase deontológico, ignorando las coacciones internas", por lo que aboga por "una mayor formación en la atención al final de la vida".

Altisent afirma que la ley de eutanasia da respuesta al "nuevo derecho a morir", introduciendo en la cartera de servicios sanitarios, como una prestación más, la posibilidad de que un paciente pida que se acabe con su vida si se cumplen unas determinadas circunstancias. "El médico que practica la eutanasia debe firmar un certificado de defunción en el que se indica que el paciente ha muerto de `muerte natural´", lo que Altisent ha calificado como incongruente.

Altisent considera que, tras la aprobación de esta normativa, la decisión de los pacientes de acabar con su vida queda "libre de interferencias externas, pero ignorando las coacciones internas", ya que "el sufrimiento genera una coacción interna, condicionando la percepción de la propia enfermedad".