La Atención Primaria padece, desde hace ya muchos años, un problema de falta de dotación de personal, de medios técnicos y de las infraestructuras necesarias para prestar adecuadamente los servicios que dependen de ella. A partir de 2008, esta situación se vio agravada por los recortes derivados de la crisis económica, sin que posteriormente se recuperase el nivel previo a dicha crisis por la falta de inversiones que afectó de manera muy especial a la Atención Primaria, en comparación con la Atención Hospitalaria, que sí lo recuperó.

El Covid-19 ha mostrado la realidad de un sistema que estaba muy maltratado por los recortes y una gestión que no estaba orientada a hacer frente a las necesidades de salud de la sociedad actual. Esta insuficiencia financiera, prácticamente abandono presupuestario, ha sido especialmente intensa en la Atención Primaria. Una falta de recursos humanos enorme, unas perspectivas escasas y una falta de inversión endémica, además de grandes inequidades entre centros y comunidades autónomas.

Cuando parecía que se iniciaba una época de renovación y reforma de la Atención Primaria llegó la pandemia, y debido a la urgencia de la situación y las prioridades de atención sanitaria, una vez más se ha visto postergada, pasando a segundo plano.

Consecuencias

En esa coyuntura, ya de por sí deficitaria, la Atención Primaria se ha visto obligada a hacer frente a la actual pandemia, soportando una sobrecarga de trabajo adicional para la que no estaba suficientemente preparada y que ha empeorado todavía más la situación.

Las consecuencias derivadas de toda esta situación han sido inmediatas y múltiples, siendo quizá la más evidente las dificultades para poder atender a las personas con problemas de salud distintos a la infección por Covid-19; con el perjuicio que supone para la población general y para las personas frágiles o con dolencias crónicas en particular.

Por otro lado, y tal y como han revindicado las sociedades que representan a los profesionales de Atención Primaria, se ha producido una sobrecarga burocrática adicional de sus agendas, al tener que encargarse de la extensión de las bajas laborales y el seguimiento de las mismas a contactos y personas con especial sensibilidad. Además, también se les adjudicó el seguimiento y detección de contactos que correspondería desde el inicio a los rastreadores, deficitarios en número de contratos después de meses de epidemia y sabiendo que llegaría la segunda y tercera ola.

Otra consecuencia inmediata, y que parece que ha venido para quedarse es el aumento de la asistencia telefónica y las consultas no presenciales para evitar contagios; un cambio de modelo asistencial para el que ni profesionales ni pacientes estaban preparados, como tampoco lo estaban los medios técnicos (por ejemplo, las líneas telefónicas del todo insuficientes, e incluso los profesionales se ven en ocasiones obligados a utilizar los teléfonos móviles personales). Estos cambios, además conllevan, que un espectro de población más frágil, ya sea por edad o por pobreza, queda excluida de esta modalidad de atención, generando desigualdades.

Otro asunto, que además se está poniendo de nuevo muy de manifiesto a raíz de la vacunación, las demoras y complicaciones organizativas que están surgiendo es el importante déficit de personal de enfermería y medicina, causado en parte por la inestabilidad de la contratación, que ha desembocado en una fuga de personal formado, a otros países europeos donde se sienten mejor tratados y con contratos estables.

Demandas de Atención Primaria

Los profesionales y las Sociedades Científicas no se cruzan de brazos ante la gravedad y la dureza de las circunstancias que hace ya casi un año son su día a día, y del que todavía no ven el fin del camino. Conseguir fortalecer el primer nivel asistencial, haciéndolo eje vertebrador del sistema, y en general la asistencia sanitaria, es una tarea obligatoria para los gerentes/políticos, en un futuro próximo. Está claro que, si no se dota con suficiencia la Atención Primaria, el futuro de la asistencia sanitaria será difícil, pues mantener los estándares asistenciales sin una AP fuerte es del todo imposible.

En este sentido, el pasado mes de diciembre, la SemFYC remitió a todas las Comunidades Autónomas y al Defensor del Pueblo nacional y en cada CCAA, un escrito en el que sintetizaban sus demandas. En el mismo señalaban que AP requiere de una fuerte inversión, debido a que es el nivel asistencial que ha demostrado ser más coste-efectivo y equitativo para mejorar la salud de la población.

Las medidas que señalaban apuntan hacia la necesidad de mejorar y renovar infraestructuras; dotar de medios técnicos suficientes para la atención clínica de forma no presencial; disponer del personal sanitario necesario con formación especializada en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria; minimizar la precariedad incorporando contratos estables y dignos; dotar de presupuesto toda ampliación en la cartera de servicios en AP, así como de todas las nuevas acciones que se pongan en marcha, y devolver al SNS y por ende a la AP el carácter universal de la atención sanitaria para evitar las enormes desigualdades, entre otras.

Y reclaman de forma imperiosa que es absolutamente imprescindible dotar de un sistema de información para atención primaria que ayude a la toma de decisiones clínicas y organizativas, más de carácter profesional y sanitario que administrativo.

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