La Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como ante Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) contra la compañía de asistencia sanitaria Asisa, propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, con más de 2 millones de asegurados.

Unipromel acusa a Asisa de "prácticas colusorias", fijación de precios y condiciones de servicio, además de ejercer "una serie de prácticas que han restringido, falseado e impedido la competencia". Como explican en un comunicado, consideran que la aseguradora "ha llevado a cabo actuaciones destinadas a trasladar el riesgo asegurador a los proveedores de servicios médicos; haciendo uso, en todos los casos, de un aprovechamiento abusivo de su posición de dominio".

De la misma forma, se quejan de que impone "unilateralmente" todas y cada una de las cláusulas o pactos que regulan sus relaciones contractuales con los médicos de ejercicio libre en el mercado sanitario privado, denunciando que, "fija e impone unilateralmente los precios de los honorarios de los médicos, vulnerando con ello, de forma flagrante, lo regulado en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia."

También destaca que "restringe y falsea la competencia en todo el territorio nacional. Impide a los médicos de ejercicio libre en el mercado de prestación de servicios sanitarios a los ciudadanos que tienen suscrito un seguro de salud, que puedan diferenciarse y competir en el mercado, por el precio y/o por la calidad de los servicios médicos, por la inversión en aparatos médicos, material sanitario, etc".

Asimismo, "Asisa traslada, a su conveniencia, su riesgo asegurador a los médicos mediante pagos fijos que denomina como capitativos", agrega la denuncia.

"¿Cómo es posible que quien presta el servicio deba aceptar que quien paga el precio fije el mismo y que lo revise cuando lo considere oportuno y le venga en gana?", cuestiona Unipromel, que añade que "Asisa sostiene que los médicos deben ingresar unos honorarios según el importe que fije la propia aseguradora en los baremos que ella configura para cada servicio médico que se presta a sus asegurados, y afirma que tiene derecho a expulsar, de inmediato, a cualquier médico que le haga saber que no está de acuerdo con el precio fijado".

Se trata, en opinión de la entidad, "de una práctica completamente contraria a la ley y por la que han sido sancionados en el pasado tanto asociaciones profesionales de médicos como colegios oficiales provinciales de médicos".

Desde Unipromel se razona que, "si una práctica ha sido declarada ilegal para asociaciones y colegios oficiales de médicos, los mismos hechos ilegales no pueden llevarse a cabo por una aseguradora como Asisa. No es posible que no se permita a asociaciones y colegios oficiales de médicos publicar baremos orientativos y/o llevar a cabo negociaciones colectivas de honorarios, y que al mismo tiempo se permita a la aseguradora fijar e imponer lo que deben cobrar los médicos del mercado sanitario privado, y que se mire hacia otro lado cuando expulsa del cuadro médico al facultativo por el simple hecho de solicitar un incremento o actualización de sus honorarios conforme al IPC y/o que no está de acuerdo con el importe de los honorarios que fija y le impone la compañía".

Peticiones

Unipromel, por medio del letrado Alexis Godoy, pide a la Comisión Nacional de la Competencia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se ordene a Asisa "el cese de las actuaciones ilícitas que se denuncian".

Asimismo, la asociación, que representa directamente a más de 2000 médicos, solicita a la CNMC que se ordene a Asisa "la obligación de suscribir en un plazo de tres meses, a contar desde la fecha de la resolución que se dicte en este procedimiento, contratos de arrendamiento de servicios profesionales con todos y cada uno de los médicos integrados en sus cuadros médicos, negociando individualmente con los médicos respectivos el precio de la prestación de sus servicios profesionales, suprimiendo los pagos fijos o capitativos y cualquier otro sistema que impida al médico negociar libremente y conocer el precio de sus servicios en el momento de la prestación de los mismos".