El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que las pésimas condiciones laborales que sufren las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios españoles siguen agravándose mientras que el Gobierno central y los de las comunidades autónomas continúan sin llegar a los acuerdos necesarios para propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria.

El presidente de SATSE, Manuel Cascos, se ha vuelto a dirigir por carta al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, para recordarle que aún no se ha logrado la solución a los problemas de los profesionales sanitarios que trabajan en los centros penitenciarios, y que el mismo reconoció en una comparecencia en el Senado que era la transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los gobiernos autonómicos

Mientras tanto, apunta, las condiciones laborales de las enfermeras y enfermeros que atienden a las más de 50.000 personas privadas de libertad que hay en nuestro país siguen siendo inadmisibles. Entre otras, SATSE recalca que estos profesionales son obligados a realizar funciones que competen a los médicos, como la asistencia de graves urgencias (sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias…), o que son propias de los farmacéuticos.

Asimismo, SATSE reitera que están sometidos a unos altísimos niveles de estrés propiciados por la excesiva sobrecarga de trabajo que sufren a raíz del déficit de profesionales en las plantillas, los problemas característicos de este tipo de centros y el perfil de los internos. Además, no pueden disfrutar, en muchas ocasiones, de los periodos de descanso adecuados después de sus jornadas de guardia.

A nivel retributivo, los profesionales de Enfermería que ejercen su labor en los más de 90 centros penitenciarios que hay en nuestro país también sufren una clara discriminación con respecto a sus compañeros/as que trabajan en los servicios de salud, al cobrar cerca de 500 euros menos al mes, señala la organización sindical.

Existe, además, una importante discriminación con otros colectivos profesionales del ámbito penitenciario, como son los funcionarios de vigilancia, y otra, aún más sustancial, con los funcionarios que trabajan en las oficinas del centro penitenciario y que no tienen ningún contacto con los presos, al percibir un complemento muy superior al de los enfermeros y enfermeras.

Ante esta lamentable realidad, desde SATSE se ha vuelto a pedir al ministro de Interior, así como al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, que en la legislatura que acaba de comenzar se impulsen las distintas negociaciones mantenidas con las CC.AA. para propiciar el traspaso de los servicios sanitarios dependientes aún del Gobierno central.

Asimismo, la organización sindical ha vuelto a manifestar su claro apoyo a los profesionales que, ante la inacción de los gobiernos y partidos políticos después de más de 14 años de "promesas incumplidas", han anunciado distintas medidas de presión y movilización para defender una justa y necesaria reivindicación.

"La legislatura que ahora comienza debería ser la última en la que sigan coexistiendo dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos, y que no mantienen unos canales de comunicación y coordinación adecuados", concluye el Sindicato. Salvo en las comunidades autónomas de Euskadi y Cataluña, las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios españoles siguen dependiendo del Gobierno estatal. Por su parte, Navarra y Baleares tienen avanzado el proceso de negociación del traspaso.