Tal como refirió el profesor Jesús María Sanz-Serna, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC), la declaración presentada por su institución busca ser un aldabonazo en las instancias públicas y el cuerpo social del país, para reaccionar ante un desinterés por la ciencia que sólo puede ser causa de estancamiento económico y aumento del desempleo.

Prof. Jesús María Sanz-Serna

Según una abundante bibliografía ofrecida desde la REC, España se distingue en términos negativos por ser la potencia económica europea, que entre las 5 más grandes, ofrece el peor perfil de I+D, en función del apoyo público que presta a la ciencia, la tecnología y la innovación respecto al PIB nacional. Dentro de una gravedad que sitúa al país en el puesto 22, entre los 34 que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En palabras del presidente, corregir esa situación movió a la RAC a publicar Declaración sobre la financiación y gestión de la investigación científica en España. En una iniciativa destinada a informar a la clase política y la sociedad en general, sobre la urgencia de hacer una adecuada inversión en ciencia y tecnología por las ventajas económicas y sociales que reportan. Algo que choca con la visión tradicional y mayoritaria que se tiene de la ciencia y la tecnología en la población. Por lo que es necesario, consideró, coordinar a los agentes públicos y privados para poder disponer de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que hagan posible una planificación política que priorice la educación, la ciencia, la sanidad y la cultura a lo largo de sucesivas legislaturas. Para lo cual, según Sanz-Serna, será imprescindible mejorar la actual gestión de la ciencia. Con el objetivo, reseñó, de implicar a organismos públicos de investigación, universidades, academias e instituciones privadas. De forma que se pueda lograr otra fase expansiva de la investigación en España, como la que tuvo lugar entre 1985 y 1995, o como la que han experimentado las matemáticas que se hacen en el país, actualmente situadas en el octavo lugar del mundo.

Con el objetivo de movilizar a la opinión pública y los estamentos políticos, el presidente explicó que la declaración fue enviada a los presidentes de las 17 comunidades autónomas. Precisamente, en el aspecto territorial, encontró que hay bastante descoordinación, aunque alabó el carácter pionero de Cataluña al importar talento investigador del exterior. Con una política que se ha demostrado económicamente positiva. Porque las ayudas recibidas de las autoridades comunitarias suponen retornos superiores a la inversión aplicada para atraer científicos. Junto a otras políticas acertadas, emprendidas en el País Vasco y, a mayor distancia, en Aragón y Andalucía. Aunque, en general, el presidente consideró que el actual sistema de Organizaciones Públicas de Investigación (OPIs) resulta problemático.

Seguidamente, el profesor Esteban Domingo Solans, académico de la RAC y ponente en la redacción de la Declaración, dio numerosos argumentos por los cuales la ciencia es la base del desarrollo económico. Con impacto positivo en el empleo y su calidad. Para lo que partió de ejemplos de equipos pequeños de investigadores de ingeniería genética de Estados Unidos que supieron llegar lejos con apoyo de grandes universidades como Harvard o Stanford. En contraste con España, razonó, país en el que los enclaves de las grandes multinacionales farmacéuticas tienen generalmente una mera función comercial.

Prof. Esteban Domingo Solans

Domingo Solans lamentó que el presupuesto para ciencia en 2018 sólo sea el 67% de lo que fue una década atrás. Así como el dato aportado por la Fundación COTEC, en virtud del cual, el promedio europeo de inversión subió el 30% en el conjunto de Europa, a pesar de la crisis, al tiempo que en España bajó un 10%. Un hecho agravado por la desconexión que existe entre la inversión privada y la pública, la burocracia investigadora y el escaso atractivo económico que representa la carrera investigadora, muy castigada por la precariedad y la falta de horizontes profesionales. En cuanto a los 273 millones de inversión para ciencia en el presente ejercicio, lamentó que únicamente vayan a destinados a los capítulos 1 al 7, en un 45%, de forma que el resto no llega realmente a los investigadores.

A la vista de estos y otros datos, los dos académicos consideraron muy parco el 1,2% que España dedica a I+D+i, con el agravante de que el 55% de las ayudas a investigación parece ser convocado para que nadie pueda disponer de los fondos. Por eso estimaron que España debe aspirar a dedicar el 2,5% a ciencia, con carácter neto. En el camino del país que consideraron paradigmático, Finlandia, que hoy goza de un 5% de inversión en este terreno, después de haber logrado un gran consenso social y político a favor de la investigación científica.

El presidente Sanz-Serna concluyó con una mención a la Asociación de Amigos de la Real Academia de Ciencias, José María Fuster, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible difundir la declaración en apoyo de la ciencia para el país.