Condenada por intrusismo una mujer que se hacía pasar por podóloga

El Colegio de Podólogos de Andalucía ha obtenido una sentencia condenatoria contra una mujer por ejercer esta profesión en el municipio sevillano de Lora del Río pese a carecer de la titulación exigida (grado o diplomatura en Podología). La Corporación colegial interpuso la querella por delito de intrusismo profesional , tipificado en el artículo 403 del Código Penal, y el Juzgado de lo Penal nº 6 de Sevilla ha dictado una sentencia, que ha adquirido firmeza, por la que condena a la intrusa a 7 meses de multa, a indemnizar al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía en concepto de responsabilidad civil y costas del proceso .

El juez ha declarado probado que la falsa profesional realizaba labores propias de la Podología en un local abierto al público en su propio domicilio de Lora del Río dotado con todo el ajuar y el material necesario y por las que establecía una tarifa, todo ello sin estar en posesión de la titulación académica y sanitaria correspondiente.

Se trata de una de las tres sentencias favorables obtenidas en poco más de un mes en materia de intrusismo por el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía y que se suma a las recientemente dictadas en el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción nº 1 de Utrera y en el de lo Penal nº 3 de Málaga por las que se ha condenado a otras tres falsas podólogas. En algo más de un año, 6 han sido las sentencias favorables al Colegio, una de ellas con pena de prisión en la provincia de Almería, que ha emprendido junto a su asesoría jurídica un camino constante de persecución contra el intrusismo en el sector. Actualmente, en Andalucía, hay abiertos 44 procesos en juzgados de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

La lucha contra el intrusismo y la ilegalidad en el ejercicio de la profesión es una de las prioridades de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios de Podólogos. El Consejo de Colegios de Podólogos persigue esta práctica ilegal de la profesión sanitaria de su competencia, que no sólo perjudica a los profesionales titulados y colegiados sino también y sobre todo a la ciudadanía al poner en riesgo la salud de los pacientes, que en casos especialmente serios como el pie diabético puede derivar en graves complicaciones cuando son tratados por individuos sin titular y que por tanto, no poseen ni dominan las competencias de un podólogo.

El Consejo de Podólogos pide a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad del Estado que incrementen los esfuerzos en la investigación y persecución de estos casos, dadas la gravedad de las posibles consecuencias para la salud y la dificultad que para la obtención de pruebas tiene una institución colegial.

Protocolo de actuación y labor sensibilizadora

El Consejo recuerda a la ciudadanía que la acreditación oficial de colegiación debe estar visible en las consultas de Podología.

Ante una sospecha de intrusismo, cada Colegio de Podólogos inicia las comprobaciones sobre la colegiación del individuo y sobre si la consulta está inscrita en el registro de centros sanitarios de la Consejería de Salud correspondiente. El siguiente paso se centra en la consecución de pruebas fehacientes a través de los propios pacientes víctimas del fraude y, en ocasiones, de servicios de detectives.

En la línea de lucha contra el intrusismo profesional, el Consejo de Colegios Oficiales de Podólogos mantiene una estrategia de actividades encaminadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre las funciones del podólogo y sobre la importancia de la prevención y la salud del pie, que repercute sobre el estado general del organismo. En este sentido, el Consejo de Colegios de Podólogos defiende que los podólogos son los profesionales sanitarios especializados en el pie. Tienen la capacidad de recibir directamente al paciente, diagnosticar, tratar, prescribir medicamentos e intervenir quirúrgicamente. Poner los pies en manos de personas no tituladas ni capacitadas para el ejercicio reglado de la profesión, es poner en riesgo la salud.

La Podología es una profesión regulada por la Ley de Ordenación Sanitaria 44/2003 para cuyo ejercicio es obligatoria la titulación universitaria de grado, además de ser miembro del Colegio Profesional de Podólogos correspondiente.

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