El decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), José Antonio Martín Urrialde, trasladó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid su deseo de colaborar institucionalmente con ella para favorecer la detección de casos de intrusismo profesional y agilizar la aplicación de las sanciones cuando fuera el caso. Según afirmó, uno de los mayores problemas a la hora de identificar este tipo de casos es la limitada capacidad de inspección de la Administración. Para ayudarle en esa misión, la entidad colegial ha presentado en lo que va de 2016, 97 denuncias de casos de intrusismo, de las que hasta el momento 21 han terminado en resolución sancionadora. Asimismo, Urrialde destacó que cuando se trata de una actividad ilegal desempeñada en un centro sanitario, se persigue, pudiendo acabar en juicio. No obstante, afirmó también, existe una brecha muy grande cuando la actividad se realiza en un establecimiento no registrado como sanitario, de manera que solo se les puede denunciar por publicidad engañosa.

Por su parte, la responsable de Área de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de Madrid, Pilar Canivell, también participante en el acto, aseguró que la Administración es plenamente consciente de la problemática del intrusismo, pero la Consejería de Sanidad solo puede inspeccionar los centros registrados como sanitarios. Revisa a fondo las titulaciones cuando se realizan cambios de plantilla y siempre que se encuentra una infracción, es denunciada a la Fiscalía. Sobre la materia, añadió Canivell, la Consejería de Sanidad dispone de un Plan de Inspección de Oficio que se revisa cada año y que contempla inspecciones “sin previo aviso” a centros de mayores, clínicas dentales, etc. Sin embargo, reconoció que la Administración no tiene competencia sobre la praxis de los profesionales de los centros privados.

El presidente de FACUA  Madrid, Daniel Rubio, recordó durante su turno de palabra que el ciudadano no tiene armas para saber si se encuentra frente a un centro sanitario o no. La población confía en que si se encuentra ante una clínica abierta, es porque la Administración ha realizado las autorizaciones pertinentes para que ofrezca todas las garantías, según razonó el ponente. Siin embargo, añadió que a su entidad llegan constantemente consultas de ciudadanos completamente perdidos porque se encuentran con tratamientos que deberían ser aplicados por profesionales sanitarios incluso en gimnasios.

En este punto, la presidenta de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico-Sanitario, Esther Fontán, explicó que su asociación se fundó a raíz de las denuncias de 150 personas que fueron tratadas en una clínica en la que un falso profesional sanitario, al que los pacientes llegaban por recomendación de un médico traumatólogo, aplicaba tratamientos supuestamente “osteopáticos y novedosos”. Así, relató cómo estos tratamientos llegaron a originarle una lesión medular que le afecta a la movilidad de la pierna izquierda. Además, Fontán apuntó que los colectivos más vulnerables a este tipo de engaños son los pacientes con patologías raras, en las que el paciente está dispuesto a probar cualquier tipo de solución y se agarra a un clavo ardiendo. Finalmente, aclaró que el intrusismo está presente en todas las ramas sanitarias, pero que el colectivo que más "se está dejando la piel en luchar contra él", es el de los fisioterapeutas.