Durante la jornada inaugural del XXIII Congreso de Derecho Sanitario de la sociedad española de esta especialidad (AEDS), diferentes expertos han analizado los cambios legislativos que desde hace poco tiempo permiten encausar a personas jurídicas como empresas sanitarias, entre otras, y entidades no públicas como los colegios profesionales, en el caso de que sus responsables cometan delitos como los que atentan contra los derechos de los trabajadores, la discriminación, la revelación de secretos y los delitos fiscales, teniendo siempre como referencia de gravedad el deseo de beneficio en esas conductas. Los citados cambios normativos han venido de la mano de la Ley Orgánica LO 5/2010 y de dos circulares emitidas por la Fiscalía General del Estado.

Este jueves, 20 de octubre, la compañía de seguros para profesionales sanitarios AMA reunió a miembros del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado con el fin de aclarar distintas controversias sobre la imputabilidad de las personas jurídicas, cuando tradicionalmente sólo se actuaba contra las personas físicas que dentro de aquellas perpetraban delitos. Este carácter de imputabilidad fue refrendado por la sentencia 154 del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el pasado 29 de febrero.

Así mismo, en esta misma jornada inaugural del congreso, se entregaron los diplomas del máster en Derecho Sanitario impartido por la Universidad San Pablo CEU. Se trató de 15 alumnos componentes de la V promoción de dicha formación especializada. Del mismo modo, la AEDS hizo socios de honor a Joan Rodés Teixidor, presidente del consejo asesor del Ministerio de Sanidad y al catedrático de Historia de la Medicina y experto en Bioética Diego Gracia Guillén.

Durante el encuentro, el director general de relaciones con la Justicia del Ministerio de Justicia, Ricardo Gonzalo Conde Díaz, consideró que en España hay mucha litigiosidad, incluyendo al sector Salud, por lo que sería conveniente establecer un baremo objetivo para indemnizaciones por daños sanitarios, similar al que ya se utiliza con éxito en los accidentes de circulación.

Pie de foto:  El jurista Ricardo de Lorenzo, coordinador del congreso de la AEDS sobre Derecho Sanitario.