Si pudiera establecerse un ránking de consumo de recursos por áreas terapéuticas, las afecciones, trastornos y patologías mentales estarían muy arriba, en una proporción inversa a los recursos humanos y materiales que se les dedican. Por eso las siguientes líneas transitan desde una asistencia psiquiátrica farmacocéntrica a una atención psicoterapéutica casi siempre muy limitada o inexistente en el plano público.

Recientemente, el doctor Carlos Mur, director del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid), analizó las implicaciones económicas de la asistencia en salud mental en España. Recordando los datos de la cátedra de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha, por los que se estima que la Unión Europea registra unas pérdidas anuales situadas en los 800.000 millones de euros, atribuibles a las patologías mentales.

Provocando que, “en términos de costes directos y de pérdida de calidad de vida, el coste derivado de las enfermedades mentales en Europa supere a los derivados del cáncer, la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares, sumados”. En el caso español, según el psiquiatra-gerente, los costes directos e indirectos de la salud mental se sitúan en el 3% del PIB nacional. Como ejemplo de ello, citó Mur, la esquizofrenia, patología mental grave que apenas afecta al 1% de la población española, y que supone, sin embargo, 1.100 millones de euros al año, sobre una prevalencia de 450.000 personas. Las grandes patologías mentales afectan a centenares de miles de ciudadanos pero, tras 30 años de reforma psiquiátrica en España no parece que esta parte tan importante de la reforma sanitaria haya mejorado sustancialmente, manteniéndose muchas de las deficiencias que caracterizan a la atención en salud mental.

Con la Ley General de Sanidad se decretó el cierre de los manicomios o frenopáticos. Su aprobación tuvo lugar el 25 de abril de 1986, emprendiendo entre otros procesos sanitarios la reforma psiquiátrica que ya había empezado tres años atrás. A partir de ese momento, las personas institucionalizadas pasaron a ser sujetos de derecho, merecedoras de recibir una atención acorde con su dignidad personal. Entonces se logró una razonable equiparación jurídica entre las personas con trastorno mental y el resto de los ciudadanos con cualquier otro tipo de problema de salud. Limitándose igualmente desde ese momento el número de hospitalizaciones, que quedaron reducidas a las estrictamente necesarias. Sin embargo, 30 años después, la falta de impulso político mantiene la reforma de la salud mental en dique seco.

La patología dual es la corriente terapéutica que busca ofrecer una atención integrada al paciente con enfermedad mental unida a algún tipo de drogodependencia o adicción comportamental. El término fue acuñado por el doctor Miguel Casas hace casi dos décadas, siendo aceptado a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de que todavía no es aceptado por un número destacable de psiquiatras. (…)

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