El drama de los accidentes de tráfico muchas veces trasciende los daños físicos y psicológicos, e incluso las pérdidas personales, cuando entra en acción el desconocimiento de los ciudadanos. Para corregir parcialmente esta realidad, la Ley 35/2015 será de aplicación a partir del 1 de enero de 2016 con la entrada en vigor de un nuevo baremo para el establecimiento de las indemnizaciones debidas a los accidentes de tráfico.

Según el abogado y miembro de la comisión de expertos que informó al Gobierno sobre la modificación del Baremo de Accidentes de tráfico, en representación de las asociaciones de víctimas, José Pérez Tirado, ha habido que esperar 20 años para tener una nueva ley indemnizaciones y derechos de los accidentados que nos iguale a los países más avanzados de Europa, incluyendo una mejora en el reconocimiento de los derechos de los afectados, especialmente los lesionados graves y familiares de afectados y fallecidos. Esta actualización contempla los nuevos tipos de familias (de hecho, con hijos compartidos, etc.) de una forma más individualizada (padres, hijos, conyuges). Así mismo incluye las prótesis futuras, la rehabilitación por mantenimiento, la renovación de sillas de ruedas. Con el nuevo baremo las indemnizaciones se incrementarán de media de la siguiente manera, para aquellos accidentes que se produzcan desde el primero de enero de 2016: fallecimiento (+50%), secuelas (+35%) y lesiones (+12,8%). Tales indemnizaciones serán actualizadas según el índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Al margen del baremo, sigue existiendo insatisfacción en el sector de los hospitales privados porque en algunas comunidades autónomas, y de forma paradigmática en Cataluña, no se respeta el derecho de los ciudadanos que lo deseen a ser atendidos en un centro privado, tras sufrir un accidente de tráfico. Por esta razón, la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), ha lanzado una campaña de información que empezó en mayo de este año y tuvo su continuidad el pasado mes de octubre. Según su presidenta, Cristina Contel, en dicha campaña se resalta que el convenio suscrito por las partes ha acertado al garantizar la atención próxima, rápida, integral y de calidad a los accidentados, pero no incide suficientemente en el derecho del ciudadano a la libre elección de médico y centro. Para Contel, sin embargo, otras autonomías sí lo están haciendo bien. Sería el caso de Baleares o de Galicia, región esta última en la que se procura llevar al 50% de los accidentados a los centros privados para descongestionar los centros públicos de urgencias. Una política positiva para la sostenibilidad del sistema sanitario, ya que, como dijo el abogado Pérez Tirado, otra de las victimas de los accidentes de tráfico es la Sanidad, porque las aseguradoras están pagando a la Administración la atención que dispensa por debajo de sus costes reales. Dichas compañías son siempre las encargadas de costear los gastos de la asistencia a los accidentados, independientemente de que esta se produzca en centros públicos o privados. Una exigencia derivada de que los seguros de automóvil son pólizas obligatorias de responsabilidad civil y no seguros de Salud.

PIE DE FOTO:   Actualmente algunas CCAA trasladan obligatoriamente a los accidentados a centros públicos, incluso en contra del criterio del propio paciente