La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que cuenta con más de 50.000 afiliados en la sanidad pública y es por tanto la principal fuerza del sector, ha hecho pública en rueda de prensa su ruptura con el Ministerio de Sanidad ante el incumplimiento por parte de éste de los acuerdos firmados en La Moncloa el 30 de julio de 2013 con el Foro de la Profesión Médica, del que forma parte los colegios (OMC), el sindicalismo profesional que encarna el sindicato, todas las sociedades científicas y los decanos y estudiantes de las Facultades de Medicina.

Asimismo, CESM ha decidido movilizar a los médicos para dar respuesta a la situación actual, que se caracteriza por tener una sanidad bajo mínimos, con unas listas de espera ocultas pero que seguramente son una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento, y unos profesionales desmotivados por las trabas burocráticas del sistema y la escasez de recursos para llevar a cabo una asistencia de calidad.

En concreto, ha convocado una concentración de protesta para el 21 de octubre ante el Ministerio de Sanidad, que irá seguida de similares protestas la siguiente semana ante las consejerías o delegaciones de Gobierno de las CCAA. Además, no descarta otras medidas --“las que sean necesarias”, precisaron sus principales líderes ante la prensa-- si con posterioridad a estos actos de protesta el Ministerio sigue haciendo caso omiso a lo que le piden los facultativos.

Cabe recordar que los acuerdos ahora impugnados incluían acabar con los recortes en la sanidad pública y dotarla de los recursos humanos, técnicos y financieros que necesita para cumplir con su esencial misión. En este sentido, se urgía a los partidos a alcanzar, de una vez, un pacto político que deje a la Sanidad fuera de las refriegas políticas y se vuelque en la defensa de un sistema sanitario que se hallaba entonces, y más ahora, seriamente comprometido.

Contemplaban también dedicar más dinero público a la sanidad, al menos hasta igualarnos con la media de lo que dedican los principales países de la Unión Europea. Sin embargo, el porcentaje de PIB destinado a la sanidad pública ha seguido cayendo hasta situarse ahora en el 5,9% (que bajará al 5,6% en 2016, según el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado), más de un punto menos que en 2009 y tres o cuatro puntos por debajo de la aportación que realizan naciones europeas con las que habitualmente nos gusta compararnos. Tampoco se ha dado satisfacción al objetivo de que la financiación sanitaria de las CCAA se haga con carácter finalista, es decir, obligando a que esa partida se destine a la salud y no a hacer carreteras o a otros fines mucho menos defendibles.

Asimismo, los médicos urgían en esos acuerdos a que el Ministerio liderara el órgano de gobierno del SNS, el llamado Consejo Interterritorial, al objeto de acabar con la dinámica habitual, consistente en que se toman pocas decisiones con carácter general y, además, cada comunidad autónoma es libre, en la práctica, de llevarlas a efecto en su ámbito territorial.

Otro importante motivo de decepción es el relativo a la implantación de las Unidades de Gestión Clínica, concebidas para que los médicos pudiéramos participar activa y directamente en la gestión del funcionamiento asistencial de los centros, a fin de hacerlo más eficaz. Por otra parte, y siguiendo con las causas que explican el profundo descontento de los médicos, hay que señalar que la precariedad laboral no sólo no se reduce, sino que va a más. De hecho, el Estado se ha convertido en la mayor empresa de trabajo temporal de España, como se pone de relieve en la segunda oleada del "Estudio sobre la situación laboral de los Médicos en España", elaborada en base a 11.731 encuestas de médicos colegiados y realizada por la Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración con CESM.