La jornada vespertina, que se celebró en la propia sede de la OMC, llevó por título "La Ley de Patentes y el acceso a los nuevos medicamentos". El encuentro fue organizado por la entidad colegial con objeto de analizar la reciente Ley 24/2015 sobre Patentes promulgada el pasado 24 de julio. Su tema principal fue calibrar el impacto que tienen dichas restricciones a la comercialización en el acceso final que tienen los ciudadanos a las nuevas terapias innovadoras. Durante dicha jornada, el doctor Fernando Lamata definió la patente como un instrumento jurídico destinado a proteger las inversiones de las compañías farmacéuticas en cada medicamento, por un espacio de 10 años en Europa y 12 en los Estados Unidos. Junto a esta definición formal, Lamata añadió que se trata de factores que agilizan o entorpecen el acceso a las nuevas terapias. El encuentro sirvió, así mismo, para analizar la realidad de las patentes obligatorias, que marcan los plazos legales por los que un producto debe ser comercializado directamente por el titular o entidad delegada, sin que medien demoras injustificadas o estrategias para incrementar los precios.

En una intervención tan prolija como suelen ser las suyas, el subdirector de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad (MSSSI), Carlos Lens, argumentó que los retrasos que se producen en la aprobación española de los medicamentos previamente aprobados por la EMA, son mayoritariamente debidos a la lentitud con que las filiales de las farmacéuticas locales obtienen permiso de sus centrales internacionales para negociar los precios que les impone a la baja la Administración. En este terreno disintió la secretaria de la junta directiva de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Esther Sabando, para quien pasan hasta dos años y medio entre la aprobación europea y la española de un fármaco, periodo de tiempo en el que algunos pacientes llegan a fallecer. Para agilizar los plazos, José Luis García, director médico de Celgene España, propuso que las comunidades autónomas dejen de hacer segundas evaluaciones de medicamentos, especialmente en aquellos casos que ya existan Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT). García también alertó del balance negativo que existe entre las patentes que se extinguen y la cantidad inferior de nuevos medicamentos, lo que le permitió hablar de un próximo “Farmagedon”. Donde no coincidieron Lens y el director médico de Celgene fue en considerar el gasto en medicamentos como inversión, siendo contrario a hacerlo el primero de los dos.

Donde sí hubo acuerdo fue al considerar que los medicamentos salvan vidas y que, en Europa suponen un mercado de 250.000 millones de euros a partir del trabajo diario de medio millón de profesionales. Sin embargo, un problema muy preocupante recorre todo el espacio comunitario y el resto del mundo. Se trata de lo que llamó Lens como cuarta revolución farmacológica por la que compañías que no investigan ni desarrollan medicamentos, adquieren sus patentes para multiplicar sus precios de forma extrema, buscando un beneficio a corto plazo. Este podría ser el caso de Enapril, un inhibidor clásico de la enzima convertidora de angiotensina utilizado en el tratamiento de la hipertensión y algunos tipos de insuficiencia cardíaca crónica, que pasó de costar 13 dólares a más de 700 en cuanto cambió de manos.

El encuentro de la OMC también sirvió para repasar los acuerdos ADPIC, centrados en el derecho internacional sobre propiedad intelectual e industrial, al que España se adhirió en 1998.

PIE DE FOTO:    De Izda.a Dcha. Javier Sánchez Caro, abogado; Carlos Lens, subdirector de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del MSSSI; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Fernando Lamata, médico experto en SNS; Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria; y José Luis García, director médico de Celgene España