El Consejo General de Colegios de Dentistas de España ha celebrado en la mañana de hoy una jornada destinada a conocer las modificaciones legales del Código Penal que tendrán efecto a partir del próximo 1 de julio, momento en que entrará en vigor la ley orgánica 1/2015.

El académico de Farmacia y Derecho Honorio-Carlos Bando Casado abrió la sesión recogiendo la inquietud de los presentes en relación a las implicaciones reales que tendrá el próximo Código Penal en la persecución efectiva del intrusismo profesional que practica un número indeterminado de protésicos dentales. Según comentó Bando, la nueva norma parece no estar destinada a cosechar avances importantes en la persecución del intrusismo.

Para el abogado Ricardo de Lorenzo, el inminente código penal vendrá a sustituir las reformas realizadas en 1963, 1973 y 1995. Sin embargo, las nuevas penas que se contemplan por intrusismo seguirán siendo tan poco disuasorias que a muchos infractores les seguirá saliendo interesante continuar con sus prácticas ilegales. De Lorenzo estableció una clara diferencia entre las clínicas de dentistas, habilitadas para realizar actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de problemas con la dentición, la boca en su conjunto y los distintos órganos que pueden verse afectados en el resto del organismo; y los laboratorios protésicos, donde únicamente se fabrican a medida las prótesis prescritas por los odontólogos. En ese sentido, la Justicia debería perseguir con celo cualquier taller protésico en el que se realicen actividades asistenciales. Añadió la tipificación del delito de intrusismo el abogado Enrique Peñaranda, quien aseguró que está práctica irregular e ilegal está dentro de los delitos de falsedad, más de tipo personal que relativa a objetos. Este delito de falsedad entraría también según Peñaranda en los delitos de usurpación de funciones para los que los implicados no estarían capacitados. Así mismo, el abogado advirtió que las penas pueden ser más benignas para aquellos intrusos que no tienen ninguna titulación, que para los otros profesionales sanitarios condenados por intrusismo, que podrían ser incluso inhabilitados para ejercer su actividad profesional lícita.

Mostraron mucho enojo los presidentes de los colegios de Cádiz y Sevilla, Ángel Rodríguez Brioso y Luis Cáceres. El primero compartió con los presentes una larga relación de casos de flagrante intrusismo, con muy escasas repercusiones legales. Por su parte, el presidente Cáceres hizo patente la gran contradicción que existe entre provincias que tienen sentencias en firme contra intrusos y las que no tienen ninguna. Esto sería, según sus palabras, un caso de gran permisividad difícilmente defendible. Así mismo, tanto Brioso como Cáceres llegaron a declarar que hay "dentistas chorizos" que se benefician del intrusismo para lucrarse.

PIE DE FOTO: El doctor Ángel Rodríguez Brioso, presidente de la Comisión de Intrusismo del Consejo General de Dentistas y presidente del Colegio de Dentistas de Cádiz; Ricardo de Lorenzo y Montero, director del bufete Ricardo de Lorenzo Asociados y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; el doctor José Antonio Zafra, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España; Enrique Peñaranda Ramos, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y académico de la sección de Derecho Penal de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; y el doctor Honorio-Carlos Bando Casado, profesor Honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia , de Jurisprudencia y Legislación, y de Doctores