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"La futura LOPD debe proteger la salud y garantizar la investigación científica"

Lo ha indicado el Dr. Jesús María Hernández Rivas durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha añadido que esta nueva ley debe potenciar la medicina personalizada y contribuir a mejorar la práctica clínica.

20/03/2018

El Dr. Jesús María Hernández Rivas, hematólogo del Hospital Universitario de Salamanca y coordinador del proyecto europeo de big data HARMONY, ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer los riesgos a los que se podría enfrentar la investigación biomédica si el proyecto de ...

El Dr. Jesús María Hernández Rivas, hematólogo del Hospital Universitario de Salamanca y coordinador del proyecto europeo de big data HARMONY, ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer los riesgos a los que se podría enfrentar la investigación biomédica si el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos es aprobado tal y como está redactado en estos momentos. "No es práctico volver a solicitar el consentimiento informado cuando se van a reutilizar los datos de salud (de investigación y asistenciales) de un paciente, pues alarga y complica los procesos", afirma el experto. Además, "existen alternativas que aseguran la privacidad del paciente". Por encima de todo, la nueva normativa "debe intentar proteger la salud y garantizar la investigación científica, porque ello potenciará la medicina personalizada y contribuirá a mejorar la práctica clínica de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Según este experto, la sanidad es uno de los procesos que está menos digitalizado y, sin embargo, genera una gran cantidad de datos. "Una persona genera de media 1.100 terabytes (11 millones de gigabytes) de información sanitaria", explica. "Todos estos datos se están produciendo permanentemente y su análisis puede ser muy útil para mejorar cualquier proceso sanitario", añade. "Estoy seguro de que esto es lo que quiere la mayoría de nuestros pacientes".

Por ello, "tenemos que activar los mecanismos necesarios para poder reutilizar estos datos de salud y mejorar los resultados, reducir la variabilidad clínica y, en definitiva, contribuir a la sostenibilidad del SNS". En el caso concreto del cáncer, "disponemos de una gran cantidad de información (genética y molecular, fundamentalmente) gracias al enorme esfuerzo público que se ha venido realizando durante las últimas décadas", señala el doctor Hernández Rivas. "A pesar de los muchos avances que se han producido, aproximadamente el 40% de los pacientes con cáncer hematológico siguen falleciendo hoy". En este ámbito más que en ningún otro, el experto aboga por "poder compartir y reutilizar los datos disponibles en beneficio de los pacientes y en un marco de seguridad que jamás permita su reidentificación".

Precisamente, desde la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) se ha alegado que el consentimiento en el ámbito de la investigación biomédica debe ser amplio, para así poder dar cobertura a otras finalidades que no son posibles de determinar o especificar en el momento de otorgarlo.

Y es que "una creciente preferencia por el consentimiento expreso y específico, y el principio de minimización de datos -sin tomar en consideración el valor que generan los usos posteriores de los mismos-, podría ralentizar la innovación, restando competitividad al país", apunta el doctor Jorge Sierra, presidente de la SEHH. "El valor de la información reside tanto en su uso primario como en su reutilización y, por ello, consideramos que los usos ulteriores con fines de investigación biomédica deberían ser considerados lícitos y compatibles, siempre y cuando se garanticen adecuadamente los derechos de los pacientes", añade.

Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido un informe que recoge todos estos planteamientos, sustentados en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, al que España debe adaptarse antes del próximo 28 de mayo. El doctor Hernández Rivas cree que el siguiente paso debe ser la incorporación de las conclusiones de dicho informe a la futura Ley Orgánica de Protección de Datos.

 

 

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