El Hospital Universitario La Paz (HULP) ha analizado numerosos casos en los que la problemática legal de los menores atañe a los servicios de Pediatría, la Fiscalía de Menores y la Salud Mental, en sus vertientes de Psiquiatría, Psicología y Trabajo Social. El lugar de las ponencias de los expertos en estas especialidades volvió a ser la sala de conferencias "Profesor Enrique Jaso", situada en el bloque materno infantil del complejo hospitalario.

Durante esta jornada del "Foro de Derecho Sanitario", dirigido por la enfermera quirúrgica Asunción González de la Viuda se trataron también asuntos como la historia clínica y el derecho de información de padres y pacientes. Donde la coordinadora apeló a su formación como licenciada en Derecho para citar una sentencia por la que se condenó a un neurocirujano por haber falsificado una historia clínica analógica (papel) de manera bastante burda.

Sin salir de las historias clínicas, la enfermera de quirófano aseguró que las glosas que realizan los médicos en los mismas historias se consideran anotaciones subjetivas sin valor jurídico, por lo que no deben formar parte de la documentación que se facilita a los pacientes y sus familiares.

Pie de foto: Asunción González de la Viuda (HULP)

González de la Viuda introdujo varios casos protagonizados por menores en los que Derecho y Medicina se cruzaron en situaciones propicias para la controversia. En el primero, un menor de 14 años sirvió para debatir sobre el problema del alcohol y los menores de edad. Según explicó la moderadora, las primeras experiencias de los niños con esta sustancia se produce a los 13 años como media, de forma que 7 de cada 10 chicos de 14 a 18 años ya han probado el alcohol por lo menos una vez, y 6 de cada 10 se ha emborrachado, algunos de ellos de manera reiterada.

Pie de foto: Dr José Casas Rivero (HULP)

Sobre este caso, el doctor José Casas Rivero, responsable de la Unidad de Adolescencia del HULP, definió como "la pesadilla de los pediatras" las guardias de urgencias en fin de semana, durante las cuales es frecuente la llegada de adolescentes con fuertes consumos de alcohol y otros tóxicos, de los que algunos presentan coma etílico. En estas situaciones, que pueden ser fatales, procede realizar monitorización, vigilancia neurológica y de la vía aérea, evitar traumatismos secundarios, controlar la hipotermia, canalizar la vía periférica venosa, administrar suero glucosado al 5% y descartar TCE (trastorno focal, coma persistente), aparte de poder utilizar Naloxona y Flumazenil ante depresiones importantes del SNC, ante sospecha de intoxicación combinada con otras sustancias. Con estas y otras medidas, Casas Rivero entendió que se supera satisfactoriamente el episodio del coma desde el punto de vista médico, pero muchas veces queda al facultativo la sensación de que el problema social o familiar subyancente sigue intanto, y el menor puede volver a urgencias en un plazo corto de tiempo con un nuevo coma etílico. Ante las situaciones, el ponente explicó que el médico debe informar al juez en cuanto haya negligencia manifiesta de los padres e, incluso, proceder al ingreso del menor, si su integridad o su salud están en entredicho.

Pie de foto: Dra Arancha Ortiz Villalobos (HULP)

Sobre este caso, la doctora Arancha Ortiz Villalobos, psiquiatra de la Unidad de Adolescencia del Hospital Universitario La Paz, dictaminó que lo importante es saber si el consumo excesivo de alcohol es habitual o no, por lo que es necesario hacer una evaluación completa en la que intervengan los dos progenitores. Por su parte, la psicóloga Carmen Villanueva Suárez, estimó que se debe avisar a los dos padres ante casos extremos de consumo de tóxicos y que su mejor estrategia es la coordinación de profesionales y servicios asistenciales.

Pie de foto: María Rosa Henar Hernando García (Audiencia Provincial de Madrid)

El punto de vista jurídico quedó bien establecido por la fiscal María Rosa Henar Hernando García, de la Audiencia Provincial de Madrid. Tal como explicó, los comas etílicos de niños y adolescentes tienen que ser reportados a la Fiscalía de menores, con informes que detallen su gravedad para que los fiscales puedan actuar de oficio. Así mismo destacó que los jóvenes suelen sortear el delito contra la salud pública, en que incurriría cualquier establecimiento que les vendiera alcohol, porque suelen tener un colaborador mayor de edad que les suministra la bebida. En cuanto a la contundencia del papel de la justicia, la fiscal diferenció entre los casos aislados de consumo excesivo y las conductas continuadas, que deben ser informadas al órgano judicial por médicos y trabajadores sociales.

Pie de foto: Carmen Villanueva Suárez (HULP)

El segundo caso introducido por González de la Viuda se centró en una menor embarazada que acudió a urgencias, en dos ocasiones, por sangrados que derivaron en aborto. Ante esta situación, Casas Rivero estimó que la actuación médica consiste en practicar un legrado. Pero que también existe la conciencia de que todo aborto en las adolescentes es un ejemplo del fracaso de la educación sexual de los menores y la sociedad en su conjunto. Por ello, recordó la necesidad de que se pongan al servicio de la menor todos los recursos sanitarios y sociales necesarios, dada la extrema vulnerabilidad que conllevan estos desenlaces. Un hecho corroborado por la enfermera de quirófano González de la Viuda, quien afirmó que el 39% de las niñas embarazadas entre los 15 y los 19 años pone fin a su embarazo.

Por su parte, la fiscal precisó que los casos en los que se producen abusos sexuales de menores, dentro de la familia, estos pasan a centros protegidos, correspondiendo a las administraciones su tutela.

La mayoría de los ponentes también pusieron el acento de las amenazas de suicidio que a veces profieren algunos menores que, siempre deben ser atendidas por su gravedad.