Las críticas desde Unidos-Podemos, enunciadas por la diputada Marta Sibina, se orientaron a condenar la defensa que hace la ministra del RD 16/2012, real decreto promulgado du

rante la crisis socioeconómica para encajar sus estragos, y el parón en el que está inmersa la reforma de la Ley General de Sanidad desde hace 6 años. En otra línea, también discrepante con el Ministerio, Francisco Igea, del grupo político Ciudadanos, mostró su preocupación porque no se vaya a realizar una revisión a la baja del copago farmacéutico. Criticas, todas ellas que contrastarían, en principio, con el estado de gracia que, de momento, le permite el sector a la ministra, constituido por la Farmacia, los profesionales sanitarios, la Industria farmacéutica y la Distribución de medicamentos. Una tolerancia vigilante que podría verse afectada, si se impone el modelo de compra centralizada de medicamentos que está pergeñando el Ministerio de Hacienda, a imagen del sistema ya utilizado con el INGESA.

Sobre los anteriores temas de interés principalmente ciudadanos gravitarán sobre la gestión ministerial otros de igual importancia para los profesionales sanitarios, tales como el compromiso de Montserrat por acabar en cuestión de pocos meses con su precariedad laboral.

Financiación autonómica

Dentro de un fin de semana especialmente político, el Consejo de MInistros de este viernes, 10 de febrero, dio vía libre a la constitución de una comisión de expertos que tendrá el objetivo de revisar el actual modelo de financiación autonómica. La decisión gubernamental responde a las reclamaciones de la última Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 17 de enero. Durante la misma se reivindicaron los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Se espera que la referida comisión emita un informe dentro de 6 meses, con conclusiones que indefectiblemente afecten a la financiación autonómica de la sanidad.

Colaboración Público Privada (CPP)

La semana anterior también incluyó una cuestión de gran relevancia para la Sanidad. Como ya destacó la Comisión Europea, la expresión Colaboración Público Privada (CPP) está ausente en el ámbito normativo comunitario. Siendo su definición práctica el conjunto de formas cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio. Habida cuenta de que esta fórmula ha sido utilizada de forma profusa en sanidad.

Desde ese punto de partida, debe entenderse el debate parlamentario de la proposición de ley de Contratación Pública, destinada a transponer al ordenamiento jurídico español la directiva europea correspondiente. Como novedad, se incluye la supresión del contrato de colaboración público privada, aduciendo su falta de utilidad. En ese sentido, el Ejecutivo se está mostrando más partidario de utilizar el contrato de concesión, por su mayor versatilidad demostrada. En esta nueva formulación, los contratos de servicios supondrán asumir los riesgos derivados de la prestación a las empresas contratantes, mientras que tales riesgos serán asumidos por la Administración, cuando se trate de contratos en régimen de concesión.