El Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica aborda fundamentalmente tres áreas: promoción de medicamentos de prescripción, interrelación con profesionales sanitarios y con organizaciones sanitarias e interrelación con las organizaciones de pacientes. En la Jornada sobre transparencia en el sector farmacéutico, organizada por Farmaindustria y Transparency International España, que lucha contra la corrupción, este martes en Madrid, se remarcó que el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica aporta seguridad y disipa dudas y que transparencia y protección de datos son dos derechos que deben actuar de contrapeso entre sí.

Abrieron el evento Jesús Lizcano, presidente de Transparency International España, y Humberto Arnés, director general de Farmaindustria. El primero recordó que ambas organizaciones buscan la utilidad social y puso en valor las medidas puestas en marcha por Farmaindustria. Arnés incidió en el “compromiso de la industria farmacéutica con la transparencia”. Contó que, en 2014, dieron un paso definitivo por la transparencia. “Allá donde hay opacidad se generan dudas, y allá donde hay transparencia se genera confianza. Autorregularnos en esa dirección permitía poner en valor esa colaboración que es necesaria”. dijo. En ese sentido, aseguró que la publicación por parte de los laboratorios de los pagos y transferencias de valor realizadas a los profesionales sanitarios “disipa las dudas que genera la opacidad”. A su juicio, la transparencia es un “componente estratégico de necesidad en la relación entre la industria y los profesionales”, que forma parte de un “proceso evolutivo”. De acuerdo con sus palabras, se comenzó en 2002 con un Código Deontológico al que se le fueron añadiendo mejoras cada año. En 2014, se avanzó hacia el mencionado Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica; mientras que, en 2016, se dio un paso adicional convirtiendo en obligatoria la publicación de todas las transferencias que se llevan a cabo para asistencia a congresos y las donaciones que realiza la industria a los profesionales sanitarios, entre otros asuntos. Nosotros entendíamos que debíamos ir un paso más allá.

 A lo largo de la Jornada; se debatió sobre el avance de la transparencia en España y buenas prácticas del sector farmacéutico, sobre buenas prácticas empresariales en la industria farmacéutica y el compromiso por la transparencia y sobre transparencia y colaboración industria-sistema sanitario en nuestro país. Esperanza Zambrano, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, señaló que la Ley de Transparencia está orientada a organismos públicos, por lo que la industria farmacéutica ha hecho una apuesta a la que no está obligada. “Es una ley del sector público; pero que puede afectar al privado, en cuanto a receptores de ayudas y de subvenciones públicas”, matizó. Subrayó que la protección de datos no puede ser un obstáculo a la transparencia y que ésta es un “camino de no retorno”, porque se ven sus beneficios. Agustín Puente, de la Agencia Española de Protección de Datos, declaró que “se dice que la protección de datos es un freno a la transparencia” y que “no hay que entenderlo así”. Argumentó que “estamos ante dos derechos que deben actuar como contrapeso entre sí”. Existe un interés de la sociedad en conocer la información y hay que establecer a partir de dónde debe darse la información sin facilitar datos personales. A su juicio, tenemos una Ley de Transparencia que es la única en el mundo que establece por ley ese equilibrio de derechos. Aseveró que es muy importante el paso hacia la transparencia que está dando Farmaindustria. Comentó que, cuando se va a hacer una transferencia de valor desde la industria a un profesional sanitario, hay que comunicar que se hará pública. Como se hace varios meses después, se puede pedir el derecho de oposición alegando los motivos. Carlos Balmisa, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se mostró contrario a la vía de la imposición de sanciones.

Silvina Bacigalupo, de TI-España, expuso que la Ley de Transparencia y las cuestiones jurídicas que se plantean, al cambiar la forma de hacer negocios, es la muestra de que estamos ante un cambio de paradigma. Fundamentalmente, de un cambio de valores. “Las relaciones de transparencia tienen exigencias distintas según hablemos de un actor público o privado. En el ámbito de la autorregulación, en este cambio de paradigma, los códigos de buenas conductas de Farmaindustria son un fiel reflejo de este cambio de paradigma. Por esa razón, el Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria da imagen de los valores con los que la industria farmacéutica se quiere relacionar con la sociedad. Es un fiel reflejo de la cultura empresarial que se recoge en este Código de Buenas Prácticas. Estamos, además, ante la cultura del cumplimiento, en la que nos relacionamos con el cumplimiento del derecho”, explicó. El Código Penal, en las últimas reformas, ha introducido unas normas que cambian la cultura de los negocios. La empresa, de pronto, tiene peligros penales que están dentro de ella, por lo que va más allá de las buenas prácticas. Alabó que es “satisfactorio” ver cómo el citado Código refleja la prevención de algunas conductas que pertenecían a nuestra cultura profesional. Miguel Angel Encinar, del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, afirmó que los códigos de buenas prácticas se desarrollan porque ha habido malas prácticas: “Si no hay malas, no necesitamos buenas”. ¿Para qué? “Para que se cumplan buenos estándares éticos, para evitar sanciones”, se contestó a su pregunta retórica. “Y ahora tenemos que ir más para allá. Para evitar la comisión de delitos. Tenemos una serie de conductas que antes eran permitidas y que ahora pueden ser comisión de delito”, aclaró. Normas como las que tiene el Código de Buenas prácticas permiten conocer “cuándo un pago o un incentivo es indebido o no”. “Hay que practicar el sentido común. Si un profesional recibe una invitación que está dentro del Código de Buenas Prácticas, podemos entender que tendrá cierta seguridad, y que su actividad no será vista como el intento de un soborno. Centra de manera elocuente qué es aquello que está permitido y lo que no está permitido. Y aporta seguridad”, manifestó. Defendió que quien impone la autorregulación es el derecho penal, a través de los programas de cumplimiento, y que algo bueno del Código es que evita delitos. Arnés expresó, en el turno de preguntas, que Farmaindustria entiende que las actividades delictivas no forman parte de la idiosincrasia de la industria farmacéutica, ni de los profesionales. “Nosotros pretendemos evitar conflictos de intereses”, certificó.